Abstract:
El proceso de implementación de una política pública ha sido poco estudiado a partir de las buenas prácticas que buscan un desarrollo social sostenible y que refleje la responsabilidad social más allá de una mera obligación. Se parte de la premisa que la responsabilidad social puede ser asumida como parte de la cultura en aquellas organizaciones llámese, familiar, empresarial, institucional y organizacional, una vez que su implementación sea constante y perdurable en el tiempo en términos de cotidianidad operativa, por tanto, si se quiere actuar de forma responsable, es necesario actuar directamente en la cultura. En otras palabras: no se puede cultivar la responsabilidad social sobre el terreno de una cultura irresponsable. En este sentido, el objetivo de este trabajo, es analizar la gestión pública del gobierno municipal de Montería durante el periodo 2012-2015, por su gran aporte al desarrollo sostenible bajo principios de responsabilidad social territorial en la gestión emprendida. Para ello, se hace necesario conocer cuáles fueron las características más resaltantes en la gestión emprendida durante ese período de gobierno que produjo tal impacto en los niveles locales y regionales con reconocimiento internacional. Prácticas como éstas representan un cultivo para la investigación, por cuanto el tema de la gestión pública sigue siendo cuestionado por su escaso aporte al proceso de transformación social como objeto de estudio. Esta investigación es de tipo descriptiva –analítica, por cuanto se describen los hechos teóricos – empíricos que permiten analizar la gestión de la política pública como elemento que se expresa en la responsabilidad ineludible del actor público. Los resultados develan que el liderazgo emergente basado en el compromiso social, potencian y expresan la responsabilidad como un valor importante dentro de la cultura, toda vez que permite a través de ella, modelar desde la práctica individual para exigir una gestión que promueva un desarrollo de cara a la realidad social y donde se hace fundamental el papel del ciudadano en pro de la legitimación de la buena práctica pública.
